Sin embargo, garantizar el derecho a la búsqueda no es solo tarea de una entidad (como la UBPD). Requiere del compromiso de la sociedad, de los territorios y también de la manera en que contamos estas historias.

Porque más allá de las cifras, cada persona desaparecida tenía una vida, sueños, afectos, proyectos. Y hay familias que aún esperan, que no han dejado de preguntar: ¿dónde están?, que siguen buscando incluso después de años o décadas.

En ese camino, la comunicación y el periodismo tienen un papel fundamental. No solo para informar, sino para humanizar, para romper la indiferencia y para contar lo que durante mucho tiempo se intentó silenciar en un país que, en medio de más de 60 años de conflicto, se acostumbró a la violencia.

Visibilizar el trabajo de la UBPD permite dimensionar tanto los avances como los enormes retos de buscar en geografías complejas y en medio de historias fragmentadas. También permite reconocer que, en algunos casos, esa búsqueda ha logrado lo impensable: reencontrar a personas con vida, devolviendo a sus familias la posibilidad de un abrazo después de años de ausencia.

Pero más allá de lo institucional, las historias de quienes buscan siguen siendo el corazón de este proceso. Personas que, desde el arte, la comunicación o la organización social, han sostenido durante años una búsqueda incansable, muchas veces sin apoyo, sin respuestas y enfrentando el dolor y el estigma.

Contar estas historias -desde la crónica, la investigación o narrativas más sensibles y creativas- también permite visibilizar otros actores, como firmantes de paz que hoy aportan a la búsqueda, o procesos que ayudan a esclarecer lo ocurrido y a dignificar la memoria de las víctimas.

Porque en muchos casos, además de la desaparición, hubo señalamientos que intentaron justificar lo injustificable. Por eso, cuando la verdad se cuenta con rigor y logra circular, también se convierte en una forma de reparación.

Hablar de desaparición forzada es, entonces, hablar de memoria, de verdad y de humanidad. Es recordar que estas no son solo cifras: son ausencias que siguen presentes y una búsqueda que aún no termina.   

Y así hay muchos casos que cobran especial importancia cuando logran posicionarse en las agendas mediáticas y la opinión pública. Sin embargo, los procesos de comunicación y periodismo tienen un gran reto en este país ya que la información no circula de manera equitativa.

En Colombia, una gran parte de los medios tradicionales está concentrada en pocos grupos económicos, lo que influye en qué historias se cuentan, cuáles se priorizan y cuáles quedan por fuera. 

La investigación “Estudio sobre los efectos de las presiones de los grupos económicos en la agenda informativa: una mirada a la concentración de medios en Colombia” de Germán Caballero, afirma que hay una gran influencia de los grupos económicos de cabecera sobre los medios de comunicación, en cómo se construye su agenda informativa, lo que conlleva a que la labor de los periodistas esté subordinada a los intereses económicos de los conglomerados económicos y cualquier actor que patrocine al medio.

Son ocho los grupos económicos colombianos que reúnen el 78% de audiencia en las cuatro principales plataformas de los medios, es decir, radio, televisión, prensa, y web de los que el grupo Santo Domingo-Valorem y el grupo Ardila Lülle concentran el 19% y 28.7%, según el proyecto Monitoreo de Medios en Colombia.

Ese mismo proyecto señala que pese a que Colombia posee más de doscientas emisoras de radio, más de cincuenta canales de televisión y más de cincuenta periódicos, sólo dos cadenas de televisión abierta de carácter privado (Caracol y RCN), dos periódicos de circulación nacional (El Espectador y El Tiempo) y dos cadenas radiales (Caracol Radio y RCN Radio) concentran más del 90% de las audiencias.

Eso sin contar la forma en la que los medios se sostienen. “Muchos medios dependen económicamente y en gran medida de esos recursos de publicidad, que se asignan sin reglas de juego claras y desviándose del propósito que tienen”, mencionó Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP) a LatAm Journalism Review (LJR).

Según Bock, si se restringen los recursos de publicidad oficial que brinda el Estado, eso afectaría la economía del 50% o 60% de los medios colombianos. Y aun así quienes se dedican al periodismo viven con la mayor precariedad. Por ejemplo, la investigación ‘Desiertos de noticias locales’, de la Fundación Gabo, menciona que en Granada, Meta, la mayoría de las y los periodistas se vinculan de manera informal a través de acuerdos verbales o trabajo voluntario sin remuneración.

A esto se suma la existencia de amplias zonas del país que son consideradas desiertos informativos, donde el acceso a información local es limitado o casi inexistente. Muchos territorios, especialmente rurales, no tienen medios propios o cuentan con coberturas muy reducidas que están en un contexto complejo donde persisten las dinámicas del conflicto armado, lo que profundiza el desconocimiento sobre realidades como la desaparición forzada.

Según la Fundación Gabo, en Colombia la censura y la autocensura son prácticas frecuentes entre periodistas locales, especialmente en territorios marcados por la precariedad y la presencia de actores armados. En estos contextos, muchos comunicadores y comunicadoras optan por restringir o silenciar ciertos temas para proteger su vida y la de sus familias, así como para asegurar la continuidad de sus proyectos periodísticos.

Así, las historias de las víctimas, de las personas buscadoras y de los territorios más afectados suelen quedar relegadas o aparecer de forma fragmentada, sin contexto o sin continuidad. Esto no solo limita la comprensión de lo que ha ocurrido, sino que también debilita la empatía y el compromiso social frente a la búsqueda.

Ante este panorama, los medios de comunicación alternativa, popular y los colectivos de comunicación han cobrado una fuerza fundamental. Desde los territorios, han asumido la tarea de narrar lo que otros no cuentan, de amplificar voces históricamente silenciadas y de construir relatos más cercanos, sensibles y contextualizados. Más allá de informar, tejen memoria, fortalecen procesos organizativos y abren espacios para el diálogo.

Es justamente desde estas apuestas donde la comunicación deja de ser solo un ejercicio informativo y se convierte en una herramienta para la dignificación, la participación y la construcción de paz. Y es en este camino donde cobra sentido la experiencia del Meta, un territorio donde, a pesar de las dificultades, han surgido procesos que buscan contar, desde adentro, las historias de la búsqueda.